ZARAGOZA EN COMÚN SE QUEDA SOLO Y NO ESCUCHA LOS “GRITOS” DE LA OPOSICIÓN

por ÁLVARO SIERRA

  • La primera gran derrota política de Zaragoza en Común tras 10 meses en el Gobierno municipal.
  • El Partido Popular sale reforzado tras la petición de un pleno extraordinario exigiendo el desbloqueo de las grandes inversiones que están interesadas en la capital.
  • Desde Zaragoza en Común consideran que es “un acoso generalizado a las alcaldías del cambio.

El pleno extraordinario vivido ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza es el espejo de la situación en la que se encuentra la capital aragonesa y el desgobierno que sufre por parte de Zaragoza en Común.

El Gobierno de Zaragoza sufrió ayer una derrota política al perder todas y cada una de las votaciones que había solicitado el Partido Popular. Un pleno extraordinario para pedirle al gobierno de la ciudad que deje de paralizar las inversiones de cuatro expedientes que suman 218 millones de euros.

Un outlet en la antigua fabrica de Pikolin, la solicitud de cambio de suelo en el colegio Lestonnac para construir un supermercado, la licencia de derribo en Averly para construir 160 pisos, y un expediente para el estudio sobre el estado del campo de fútbol de La Romareda y la tasación del terreno anexo, por la que se ha interesado el grupo hospitalario Quirón, para construir un hospital.

PP Y PSOE SE ALÍAN Y LE HACEN “LA PINZA” A ZARAGOZA EN COMÚN

Jorge Azcón, el nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, se apunto ayer su primera gran victoria en esta legislatura y según sus declaraciones al terminar el pleno, considera que “se había demostrado la imagen de debilidad de Santisteve con un vapuleo político no visto en décadas” al perder todas las votaciones. Azcón piensa que Zaragoza en Común se equivoca y no debe dejar de lado las inversiones privadas y gestionar únicamente las de carácter público.

El PSOE “ayudo” a ese varapalo político al Gobierno de Zaragoza en Común pese a que es clave para la sostenibilidad del gobierno. Pérez Anadón, portavoz socialista, acuso a Pablo Muñoz, concejal de ZeC de reunirse dos horas con Alfonso Soláns, presidente de Pikolin, para hablar del proyecto Torre Village y le sugirió que no lo escondiera y que se ponga a trabajar.

Muñoz, el cual últimamente tiene que encarar los plenos municipales más polémicos, contesto al “bunker” del PP, PSOE y Ciudadanos que, para Zaragoza en Común, “se acabó el urbanismo del pelotazo, el que cada vez que alguien llega con euros se le pone la alfombra roja sin valorar las consecuencias negativas”.

El alcalde de Zaragoza que pudo contar con el apoyo del líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique desde el publico, insistió en que su gobierno busca una ciudad diferente que no está basada “en pelotazos urbanísticos ni en un modelo de mordidas”, en clara alusión a lo que ha experimentado la ciudad de Zaragoza durante los gobiernos anteriores.

ZARAGOZA EN COMÚN Y EL PSOE: LA LESIVA Y DELGADA LINEA ROJA

La convivencia entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista no existe. Tras pactar el presupuesto del año 2016, ya no hay nada que hablar. La tensión entre ambos grupos ha llegado hasta el insulto y la descalificación.

El inicio o el proceso de una inquina continua, es la querella admitida a trámite por el juzgado por el polémico pago a AUZSA de los despidos del año 2013. Un pago de 2,1 millones de euros que hizo con dinero público en el anterior gobierno socialista de Juan Alberto Belloch, a tan solo tres días antes de abandonar el Ayuntamiento.

Y fue el Gobierno de Zaragoza, el que aprobó ayer de manera urgente, declarar acto lesivo ese acuerdo de Gobierno del 11 de junio del 2015 con el PSOE en la alcaldía de Zaragoza.

En teoría, según Zaragoza en Común, el Ayuntamiento nunca debería haber asumido ningún gasto originado en concepto de personal. La empresa incluyó en el coste de liquidación de la anterior contrata, TUZSA, y puesta en marcha de AUZSA, 198.676 euros correspondientes a una sanción interpuesta por Trabajo. La multa se formuló por incumplir la ley y no avisar a los 153 trabajadores afectados por el ERE del 2013 con los días de antelación que obliga la ley.

Y la contrata del bus, a su vez, facturó al ayuntamiento 1,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por la reestructuración de su plantilla. Una reestructuración que supuso el despido de 153 empleados.

Un proceso que está en manos del juez y ya admitido a trámite. Y puede en el futuro acarrear un problema al Partido Socialista, ya que Roberto Fernández y Lola Ranera, ambos concejales actualmente, pueden verse obligados a desfilar por los juzgados si les llama el magistrado que instruye la causa.

Todo esto enmarcado en un posible acuerdo de gobernabilidad planteado por Zaragoza en Común con los partidos de izquierda, algo que a día de hoy, se antoja realmente complicado.

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